Sentencia A. 469/22

Auto 469/22

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

 

Referencia: expediente CJU- 1698

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca (Arauca).

 

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

 

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.                   ANTECEDENTES

 

1.                 El 29 de enero de 2020, la Fiscal segunda Local de Arauca presentó escrito de acusación en contra de Johan Alejandro Díaz Hoyos, por la presunta comisión del delito de lesiones culposas con deformidad de carácter permanente y perturbación funcional de carácter permanente.^[1]

 

2.                 El 16 de febrero de 2021 se llevó acabo la audiencia concentrada ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca. En esta diligencia, la Fiscalía expuso que el 17 de febrero de 2018 ocurrió un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una camioneta oficial conducida por Johan Alejandro Díaz Hoyos, patrullero de la Policía Nacional, y una motocicleta conducida por la señora Claudia Viviana Bermejo Ramírez. Por su parte, el apoderado del patrullero Johan Alejandro Díaz Hoyos argumentó que el caso debía conocerse por la justicia penal militar, conforme al artículo 221 de la Constitución. Respecto de esa solicitud, la Fiscalía manifestó que “no tenía ningún elemento de los que se han aportado por lo que considera que lo más viable es que se dé el conflicto de competencia”^[2].

 

3.                 Conforme al numeral 6 del artículo 256 de la Constitución, el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Arauca dispuso enviar toda la actuación surtida dentro del proceso, así como los documentos enviados por el defensor, a la Comisión Nacional Disciplinaria Judicial, que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se resolviera el conflicto de competencia.

 

4.                 El 27 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca remitió el conflicto de jurisdicciones a la Corte Constitucional, porque consideró que esta era la competente para dirimirlo, de conformidad con el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

5.                 El 25 de noviembre de 2021, el expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional y repartido al despacho de la magistrada sustanciadora el 26 de enero de 2021. Luego, este fue allegado al despacho de la suscrita magistrada sustanciadora el 7 de febrero de 2022, según consta en acta de la Secretaría de la Corte Constitucional de la misma fecha.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

6.                 La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[3]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[4], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
1.       Presupuesto subjetivo	Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones. De este modo, “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso”[5].
2.       Presupuesto objetivo	Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[6].
3.       Presupuesto normativo	Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[7].

 

8.                 La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

 

III.            CASO CONCRETO

 

9.                 En el caso sub examine no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena considera que no hay lugar a resolver el asunto sub examine, puesto que este no configura un conflicto de competencias entre jurisdicciones. En este caso, no se acredita el presupuesto subjetivo de este tipo de conflictos, dado que no existe una controversia efectiva entre dos autoridades judiciales que reclamen para sí o nieguen la competencia frente al caso en cuestión. En efecto, la jurisdicción penal militar, la cual sería competente de acuerdo con la defensa de Johan Alejandro Díaz Hoyos, no ha emitido pronunciamiento en el que reclame o rechace la competencia para conocer el caso.

 

10.            Por lo demás, la Sala constata que la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Arauca con funciones de conocimiento desconoció la reiterada jurisprudencia constitucional respecto de la imposibilidad de las partes del proceso para provocar el conflicto de jurisdicciones^[8]. Esto, habida cuenta de que se limitó a dar trámite a la solicitud de las partes en ese sentido, sin considerar que las autoridades judiciales son las únicas que se encuentran legitimadas para provocar conflictos de competencia.

 

11.            En consecuencia, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y ordenará el envío del expediente al juzgado de origen para continuar el trámite procesal, quien deberá comunicar la presente decisión a los interesados.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

Primero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia planteada frente a la competencia dentro del proceso penal con radicado 5400111200020210089100.

 

Segundo.- REMITIR el expediente CJU-1698 a la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Arauca, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

KARENA CASELLES HERNADEZ

Magistrada (E)

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

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